De acuerdo a la información publicada en Radio Bío Bío, y en la que una concejala de comuna de Laja, hace referencia a una supuesta ilegalidad en el proceso de compra de elementos de seguridad en el marco de la pandemia Covid-19, la Municipalidad de Laja informa lo siguiente:
No existe tal ilegalidad en los procesos de compra definidos tanto a través de la Municipalidad de Laja, como a través del Departamento de Educación Municipal. Incluso cabe destacar que, dicho titular hace mención de una compra por 150 millones de pesos en mascarillas a través de trato de directo, lo cual carece de veracidad ya que se trata de un proceso de licitación que respeta todas las condiciones exigidas por la Ley de Compras Públicas 19.896, por un monto menor.
Es lamentable que, este tipo de información haga en eco en nuestra comunidad, más aun cuando el propósito de quienes la emiten, es el desinformar y politizar un tema tan sensible como lo es el implementar protocolos y medidas de seguridad para nuestros funcionarios que cumplen rol importante durante esta pandemia. Así como también el cuestionar las medidas que responden a un programa de un posible retorno a clases, el cual no hace más que garantizar y asegurar el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
Dicho lo anterior, es que resulta necesario el aclarar los procesos cuestionados y mal informados por parte de la Concejala María Isabel Araneda mediante sus dichos a Radio Biobío:
En relación al proceso de compra por 138 millones de pesos en implementación de seguridad para esta pandemia, y que van en directo beneficio a estudiantes, profesores y asistentes de la educación, se informa que según el Ministerio de Educación, es que se proyecta un posible retorno a clases durante este 2020. Ante esta situación es que, el Departamento de Educación de la comuna, bajo las directrices de la administración municipal actual, se determinan protocolos y acciones que definen un posible retorno a clases presenciales, resguardando la salud y bienestar de toda la comunidad educativa.
“De acuerdo a lo anterior, es que se procede a realizar un proceso de compra por parte de nuestro Departamento de Educación, obedeciendo a una programación comunal por posible retorno a clases y que se ha comenzado a trabajar desde este mes de agosto. Lo que implica, una readaptación y habilitación completa de cada uno de los recintos educacionales municipales; integrando la implementación de seguridad tanto para los alumnos, como para profesores y asistentes de la educación. Destacar que si bien la fecha de retorno a clases no ha sido determinada, se trabaja en un posible retorno contando con toda la implementación necesaria”, detalló el Administrador Municipal de Laja, Alexi Pérez.
Según el Administrador Municipal, dicha licitación cumple con todo los requerimientos administrativos establecidos por la Ley de Compra Públicas 19.886 que determina los plazos correspondientes, los cuales se cumplieron para que todas las personas pudiesen postular a esta compra. Siendo de esta manera que se recepcionó una oferta de alrededor de 138 millones de pesos cumpliendo todo los procesos exigidos por Ley.
Cabe destacar que, cualquier proceso licitatorio dura por lo general 40 a 45 días como mínimo, por lo que se podría contar con la recepción de estos productos recién durante la segunda quincena de octubre.
En segundo lugar, cabe aclarar la acusación de ilegalidad en relación al proceso de compra de mascarillas llevada a cabo por el municipio, y que se determina según informe entregado por la Dirección de Control de esta casa edilicia.
“De acuerdo a las actuales condiciones de pandemia por Covid-19, y los requerimientos condicionados por el Ministerio de Salud, es que como Municipalidad tenemos la obligación y el deber de resguardar la seguridad y bienestar de nuestros funcionarios que realizan trabajos tanto en terreno como administrativo. En base esto es que, se detectó la necesidad de adquirir implementos de salud necesarios para el ejercicio que se exige durante esta situación.
Según lo anterior, es que podemos señalar:
En atención a la opinión expresada de la directora de control, referida a la adquisición de implementos de protección de salud que detalla, destinado a funcionarios municipales, y que le fue comunicada por la Directora de DAF, que la OMS con fecha 11.03.2020 califico de pandemis el brote de Covid-19, que el Ministerio de Salud por decreto N°4/2020 decreta alerta sanitaria en todo el país, la declaración de estado de catastrofe nacional dispuesta por el presidente de la República, y la Contraloría General de la República mediante Dictamen 3610/2020 , dictamen 6854/2020, que califican estado de catástrofe, como un hecho ajeno e irresistible a la voluntad, y como un caso fortuito tales circunstancias, art. 45 del Código Civil, define » Imprevisto a que no es posible resistir «, como lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores.
Por lo demás, el art. 8° letra c) de la Ley 19.886 contempla la situación fáctica de » imprevisto «, que es referido al caso fortuito, que constituye causal de trato directo, de manera que la Opinión de la Directora de control , carece de sustento jurídico, en tal materia y por lo mismo deviene en infundada.
“Por último, la autoridad edilicia en atención a la situación planteada, puede adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, lo que posibilita evidentemente las adquisiciones o suministros por vía de licitación privada o trato directo”, destacó el Administrador Municipal.
Destacar, además que, dentro del informe entregado por la Directora de Control se realiza una comparación entre productos que no son símiles entre sí. Es decir se compara una mascarilla de tres pliegues vs una mascarilla Kn95, lo que lógicamente por valor comercial no son similares.
Por último mencionar que, este tipo de publicaciones responden a suposiciones y argumentos que carecen de fundamentación y que solo buscan confundir a la comunidad en general, más aun en tiempos en que la prioridad para una autoridad comunal, tiene relación con el resguardar la seguridad y bienestar de su comunidad y de sus funcionarios que cumplen un rol tan importante durante esta pandemia.
Lamentamos profundamente la desinformación por parte de miembros del Concejo Municipal de la Comuna de Laja, y que hacen reflexionar el politizar un tema tan sensible y contingente como lo es el establecer medidas y protocolos que permiten resguardar el bienestar de nuestra comunidad.
Cabe destacar que como Municipalidad de Laja, se realizará una Consulta Jurídica a Contraloría para despejar cualquier duda en la materia, acreditando así la transparencia y legalidad de dichos procesos.